Según UNESPA, “la asistencia ambulatoria supone un mayor volumen de actos pagados por CAS, porque la mayoría de las víctimas de tráfico, afortunadamente, son lesionados leves” y “se presta mayoritariamente en el sector privado, porque dispone de una amplia red de centros que garantiza la atención al lesionado y continuidad asistencial”.
Por Comunidades Autónomas, la mayoría de los servicios a accidentados de tráfico por convenios CAS se prestan en Andalucía (29,7%) y Cataluña (21,1%), seguidas de Madrid (8,1%), Galicia (7,2%), Canarias (6,7%) y Comunidad Valenciana (5,8%). Andalucía y Cataluña –que aúnan más el 51% de las asistencias por accidentes de tráfico– no sólo tienen una alta tasa de población y poblaciones dispersas, sino que “son importantísimos destinos turísticos. Por tanto, presencian accidentes de tráfico que involucran a personas que habitualmente residen en otras provincias o, incluso, otros países”.
215.000 accidentes con dañoTIREA (Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras) también ha publicado los datos sobre daños corporales indemnizados por el Baremo (Sistema de Valoración de Daños Corporales). En 2017, en España se produjeron 215.644 sucesos de tráfico que generaron algún daño corporal y afectaron a 286.000 víctimas.
Es decir, que en nuestro país ocurre, de media, un accidente grave –con daños corporales– cada 2 minutos y 26 segundos y cada día los accidentes de tráfico afectan a 783 personas. Barcelona (cada 20 minutos y 30 segundos) y Madrid (25 minutos y 19 segundos) son las ciudades con frecuencias más altas de accidentes con daños corporales, seguidas de lejos por Sevilla (41 minutos), Málaga (45 minutos) y Valencia (50 minutos); las más ‘tranquilas’ son Teruel (un accidente cada 1 día y 7 horas) y Soria (2 días y 2 horas).
Además, en 2017, hubo 844 fallecidos, 63.442 personas con secuelas y 217.817 afectados por incapacidad temporal (IT) indemnizados por dicho Sistema (Baremo) por accidentes de tráfico.
DiscrepanciasLas cifras de del informe UNESPA no coinciden con los datos oficiales de accidentes de la DGT (en 2017, 102.233 accidentes con víctimas, 1.830 fallecidos, 139.162 heridos, de los que 9.546 requirieron ingreso hospitalario).
Las razones para dicha discrepancia son varias. Según UNESPA, “el seguro contabiliza personas que son sometidas a alguna prueba diagnóstica, incluso si luego resulta que no tuvieron lesión alguna”, ya que esto es lo que pagan los convenios CAS. De hecho, “la DGT –explica UNESPA– cuenta lesionados de facto. El seguro, personas atendidas en centros sanitarios”.
En la cifra de fallecidos, los datos de UNESPA “corresponden con fallecimientos indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del automóvil”. Este solo cuenta “las personas que fallecieron por culpa de un conductor”. De hecho, los conductores que fallecen por salidas de la vía –la causa más frecuente, en torno al 30% en accidentes mortales– no entran en dicha cifra. Como tampoco los que son responsables del accidente –que, eso sí, pueden ser indemnizados por otras coberturas del seguro, como el 'de ocupantes'–.
A partir de aquí, y con estos matices, los datos de UNESPA ofrecen conclusiones interesantes. Por ejemplo, entre los fallecidos en accidente de tráfico indemnizados en 2017, el grupo más numeroso (23,5%) es el de 75 y más años de edad seguido del de 45 a 54 años (15,4%). Sin embargo, el perfil por edades de los perjudicados “es diferente y lógica consecuencia del anterior –explica UNESPA–. Los niños de hasta 14 años están más representados entre los perjudicados que entre las víctimas y las cohortes de mediana edad son las que tienden a tener más peso (20,6%) entre los perjudicados”. De hecho, según dicho informe, “una persona fallecida en accidente de tráfico en España deja, por lo común, cuatro personas detrás que son consideradas perjudicadas directas por dicho fallecimiento.
Las razones para dicha discrepancia son varias. Según UNESPA, “el seguro contabiliza personas que son sometidas a alguna prueba diagnóstica, incluso si luego resulta que no tuvieron lesión alguna”, ya que esto es lo que pagan los convenios CAS. De hecho, “la DGT –explica UNESPA– cuenta lesionados de facto. El seguro, personas atendidas en centros sanitarios”.
En la cifra de fallecidos, los datos de UNESPA “corresponden con fallecimientos indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del automóvil”. Este solo cuenta “las personas que fallecieron por culpa de un conductor”. De hecho, los conductores que fallecen por salidas de la vía –la causa más frecuente, en torno al 30% en accidentes mortales– no entran en dicha cifra. Como tampoco los que son responsables del accidente –que, eso sí, pueden ser indemnizados por otras coberturas del seguro, como el 'de ocupantes'–.
A partir de aquí, y con estos matices, los datos de UNESPA ofrecen conclusiones interesantes. Por ejemplo, entre los fallecidos en accidente de tráfico indemnizados en 2017, el grupo más numeroso (23,5%) es el de 75 y más años de edad seguido del de 45 a 54 años (15,4%). Sin embargo, el perfil por edades de los perjudicados “es diferente y lógica consecuencia del anterior –explica UNESPA–. Los niños de hasta 14 años están más representados entre los perjudicados que entre las víctimas y las cohortes de mediana edad son las que tienden a tener más peso (20,6%) entre los perjudicados”. De hecho, según dicho informe, “una persona fallecida en accidente de tráfico en España deja, por lo común, cuatro personas detrás que son consideradas perjudicadas directas por dicho fallecimiento.
SecuelasLa edad media de quienes sufren secuelas por accidentes de tráfico en España es, según UNESPA, “sustancialmente menor que la de las personas que fallecen”: la edad media del fallecido es 52 años y la de quienes sobreviven y quedan con secuelas es “diez años menor”.
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