Desde hace unos días
han cambiado las voces que cada día informaban de lo que ocurría en las carreteras españolas. La
Dirección General de Tráfico(DGT) ha sustituido a
Anselmo Mancebo,
Alicia Gutiérrez o
Carlos Garcinuño, las personas que durante los últimos 15 años habían llevado a todas las radios y televisiones la información del estado de la red viaria. Un cambio de la DGT en el concurso público ha dejado fuera a estos profesionales, como ha contado El Confidencial en las últimas semanas. Lo peor es que su salida se produjo el día 1 de agosto, un
día muy 'tranquilo' en las carreteras españolas.
Pero no es este el único caso polémico de la DGT, que no pasa por sus mejores momentos. La DGT lleva meses en los que
la mala gestión le sigue pasando factura, pero parece que a nadie le importa. Primero fue
la salida de la anterior directora general,
María Seguí, supuestamente por favorecer a la empresa en la que trabajaba su marido contratando una serie de informes.
En esa época también fue muy polémico el modo de realizar la contratación de las empresas encargadas de realizar los cursos de recuperación de puntos y los de concienciación, ya que todos se adjudicaron a la misma empresa. Con la salida de Seguí tampoco se continuó con la investigación en torno a este tema, que supuestamente quedó zanjado con la dimisión de la directora general.
El tema polémico ahora es el de los examinadores para obtener el carné de conducir. Llevamos ya meses de problemas y en el mes de junio se dejaron de hacer 80.000 exámenes ya previstos. Esto supone 80.000 personas que no han podido sacarse el carné cuando querían hacerlo y tras haber pagado por ello. El problema sigue y los examinadores ya han anunciado una nueva huelga para el mes de septiembre. Pero la DGT ya dice que tiene la solución: contratar a reservistas del ejército, que tras un curso de formación serán los nuevos examinadores.
La DGT debe dar servicios
Pero parece que con la DGT no ocurre nada, haga lo que haga. Un organismo como ese no se puede gestionar como si fuera una empresa, ya que su único objetivo debería ser facilitar la vida de los ciudadanos. Para eso se pagan impuestos, para que luego las cosas funcionen, para que haya agentes visibles en las carreteras y no guardias civiles escondidos con un radar y multando a todo el que pasa.
También, por supuesto, para que las personas que pagan sus tasas de examen para sacar el carné de conducir puedan hacerlo de manera rápida, pero garantizando la
máxima calidad en ese servicio, como en todos los que proporcione la DGT.
Que Tráfico aplique de forma ilegal, según han sentenciado numerosos jueces, el margen de error de un radar es realmente lamentable.
Quizá el nuevo director de la DGT, Gregorio Serrano, no tiene demasiada culpa de todo ello, porque lo que pasa en el organismo que preside es lo mismo que lleva ocurriendo durante bastantes años por culpa de la mala gestión. Un error al pensar que, en contra de lo que ocurre en el resto de organismos del Ministerio del Interior, en este caso sí se puede hacer caja. Algo que no pasa con la dirección general de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
Con la importancia casi vital que tiene el tráfico por carretera (más del 90% de los viajeros y un 93% de las mercancías se mueven por carretera en España), es absurdo que no haya un organismo que centralice los diferentes aspectos de la movilidad. Cada uno va por su lado. La gestión del tráfico a nivel nacional la lleva la DGT, adscrita al Ministerio del Interior, pero Cataluña y País Vasco tienen estas competencias transferidas. Las carreteras dependen del Ministerio de Fomento, los temas de contaminación son tarea de Medio Ambiente y si queremos tratar de los combustibles, entonces deberemos hablar con el Ministerio de Energía.
Llegar a un acuerdo sobre cómo reducir la contaminación en las ciudades, por ejemplo, un tema realmente preocupante, supone reunir a 15 o 20 personas, cada una con sus propios intereses, sus presupuestos, sus 'apaños' con las empresas relacionadas... Por eso nada se soluciona.
Más siniestralidad
Pero volviendo a la DGT, que es como empezaba esta columna, la siniestralidad sigue en aumento en lo que va de año, pero los radares continúan poniéndose en las autovías, donde hay menos siniestros, y si es posible en las buenas rectas. Por cierto, la DGT acaba de comprar otros 60 nuevos radares móviles, por si tenían alguna duda de la filosofía.
La DGT fue pionera en el mundo al desarrollar el Pegasus con una empresa canadiense, pero todavía no hay un sistema para evitar que las furgonetas, con la velocidad limitada a 90 km/h, circulen por las carreteras a 130 km/h o más en muchos casos.
La DGT tenía en los años noventa más de 10.000 agentes vigilando el tráfico y ahora son 6.500, cuando el tráfico y los conductores se han duplicado (por ello se pagan muchos más impuestos). Pronto tendremos nuevos examinadores, que no se si serán mejores o peores que los actuales, pero en cualquier caso la DGT se va a ahorrar dinero porque son personas que ya cobran una pensión. La DGT parece una empresa en busca de beneficios económicos pero debería buscar beneficios en seguridad, en educación de los conductores, en aumentar la agilidad del tráfico, en conducción relajada y sin tensiones…
